Cabo Cortés evidencia inseguridad jurídica en México

Si la cancelación del proyecto Cabo Cortés es vista como un triunfo de los defensores del medio ambiente; también es una medida que atenta en el Estado de derecho, que es la primera condición para dar confianza a los capitales.

El gobierno del presidente Felipe Calderón cedió a las presiones de grupos como Greenpeace y NRDC, que amenazaban con encabezar fuertes protestas durante la celebración del G20 en Los Cabos.

La historia comenzó a principios de esta administración cuando la firma española Hansa Urbana, de Rafael Galea, adquirió una propiedad de tres mil 800 hectáreas que consiguió en 2007 una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) regional.

Ésta autorizaba un desarrollo de 15 hoteles y ocho mil casas, por lo que se hablaba de más de 25 mil llaves de hospedaje y Hansa hizo inversión inicial de 200 millones de dólares. Cabo Cortés está a diez kilómetros al norte de Cabo Pulmo, un parque nacional donde se encuentra un importante arrecife natural en el Mar de Cortés.

Dentro del proyecto participó John McCarthy, ex director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), quien buscaba replicar el modelo de la institución que hace los trámites legales y la planeación, para invitar después a los inversionistas.

Antes de que se celebrara en 2010 la Conferencia de Cambio Climático (COP16) en Quintana Roo, los ambientalistas reforzaron su oposición contra la MIA regional y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se la revocó a Hansa Urbana.

La propuesta fue que después de la COP se lo otorgaría nuevamente, pero ocurrió con una serie de candados que modificaban y encarecían el proyecto original.

La firma española enfrentaba serios problemas financieros, en el contexto de la crisis inmobiliaria en España; así que uno de sus acreedores, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, embargó el proyecto y allí terminó la participación ejecutiva de McCarthy.

La Caja fue adquirida por Banco Sabadell, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), institución parecida al Fobaproba mexicano alimentada con recursos públicos españoles.

Ahora Sabadell hará frente a la cancelación del proyecto y, por lo pronto, Hansa Baja Investments emitió un comunicado en el que dice que hará un replanteamiento.

No es extraño que Patricia Arendar, directora de Greenpeace en México, sostenga que esta ONG acompañará dicho proceso y además exija la dimisión de Mauricio Limón, subsecretario de la Semarnat que aprobó los permisos.

La administración de Calderón queda mal por todos lados, primero por haber autorizado el desarrollo, lo que deploran los ambientalistas y, después, por dar marcha atrás, lo que evidencia la falta de seguridad jurídica para invertir en grandes proyectos turísticos en México.