Gobierno corporativo y empresas públicas

El gobierno corporativo es el conjunto de normas por las cuales se rige una empresa y representa la manera en la que ésta es dirigida y controlada, especificando la distribución de derechos y responsabilidades de cada uno los agentes involucrados.

Tras la publicación de los Principios de Gobierno Corporativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 1999, actualizados en 2004, las prácticas de gobierno corporativo se han consolidado internacionalmente como formas aceptadas para el buen funcionamiento de los órganos de gobierno de las empresas.

Esta reunión de buenas prácticas para gobiernos, empresas e inversionistas representa un piso común para la dirección de empresas

De esta forma, el gobierno corporativo ha logrado ofrecer certidumbre a los mercados sobre la capacidad de gestión de las organizaciones.

Asimismo, la posibilidad de replicar este modelo en diferentes sociedades y formas de organización ha permitido que estos principios sean una de las principales estrategias administrativas para aumentar la confianza de los inversionistas, la eficiencia económica y la potenciación del crecimiento.

Aunque estos principios de gestión corporativa parecieran ser exclusivos de las empresas privadas, lo cierto es que también los gobiernos participan de estas formas de organización por medio de las empresas públicas. Desde luego, esto implica enormes retos.

Para empezar, resulta difícil entender a un gobierno popularmente electo como el accionista principal de una empresa. Si los consejos administrativos en una empresa pretenden establecer condiciones de confianza para el manejo de la misma, las restricciones políticas, administrativas y presupuestales que impone el sistema democrático a los gobiernos tienden a crear un efecto opuesto.

Los principales problemas que afectan a las empresas públicas son los siguientes:

a) Las empresas públicas persiguen objetivos diversos y a veces contrapuestos que, a diferencia de la empresa privada, no siempre corresponden con la maximización de la utilidad (desarrollo social, creación de oportunidades, conflictos políticos).

b) Hay un problema de agenda doble entre la parte directiva y operativa de la empresa con la ciudadanía representada en el Congreso.

c) La empresa pública, por lo general, está sujeta a una menor disciplina del mercado que la empresa privada. Sin embargo, su deber con el desarrollo del país es ineludible.

Para enfrentar estos problemas, los gobiernos han buscado estandarizar la gestión de sus empresas públicas para hacerlas más eficientes. ¿Pero, cómo pueden lograr los gobiernos que sus empresas públicas sean administradas y dirigidas de forma transparente, eficiente y profesional? Una respuesta que diferentes países han dado es la profesionalización de los consejos de administración.

En muchos casos las designaciones del consejo directivo de una empresa pública pueden estar basadas en criterios políticos o legales, lo cual no necesariamente hace más eficiente la toma de decisiones. Para solucionar este problema, empresas públicas de todo el mundo han buscado que sus consejos se integren por profesionales independientes o externos que cumplan con imparcialidad las labores administrativas.

En México, sin embargo, persiste un enorme rezago en esta estrategia de gobierno corporativo en las empresas públicas. Los miembros de los consejos de administración de las empresas públicas mexicanas tienen por lo general un exceso de carga impuesto por la actual regulación de las mismas. El caso más notorio es el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que mantiene representantes en la mayor parte de empresas públicas y programas estatales del gobierno federal. Esto lleva a que las dependencias encargadas de participar en los consejos de administración enfrenten una carga sobrehumana de trabajo para hacerse cargo de las responsabilidades de los principales programas del país.

Para poner un ejemplo, es posible decir que el titular de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, es parte de los consejos o las juntas de gobierno de 71 instituciones que van desde la exportadora de sal hasta el IMSS y Pemex, por ejemplo.

Sin lugar a dudas, el abrumador número de  empresas públicas en las que participa la Secretaría de Hacienda puede repercutir en la calidad de la administración financiera de las mismas. Ante esta realidad, valdría la pena preguntarse si no es momento de avanzar en el gobierno corporativo de las empresas públicas en México mediante la designación de consejeros independientes, profesionales y especializados que permitan hacer más eficiente la conducción de las empresas públicas en nuestro país.

Acaso sea esta estrategia uno de los principales caminos para mejorar la profesionalización del servicio público y para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones administradas por el Estado.