La confianza en los datos

En el mundo financiero es impensable que los operadores e intermediarios en la Bolsa tomen decisiones sin conocer el valor de las acciones de las emisoras.

Autoridades hacendarias, agencias internacionales y compradores individuales observan con atención los estados financieros de las emisoras antes de tomar decisiones. Pero ¿qué pasaría si esta información fuera elaborada sin ningún control?  Fundamentalmente, colapsaría el sistema por falta de confianza en la información.

Un ejemplo inolvidable es el caso de Enron, cuyo escándalo por fraude contable estalló en 2001 y produjo pérdidas por cerca de 45 mil millones de dólares, incluyendo los fondos de pensiones y ahorros de cerca de 25 mil empleados y jubilados. 

Durante la década de los noventa, Enron fue el ejemplo de empresa trasnacional exitosa, líder en el campo de la producción de energía, adaptada a nuevos mercados de energía renovable y audaz para crear nuevos instrumentos, como los llamados derivados climáticos, que ofrecían coberturas financieras a las empresas por afectaciones propiciadas por cambios en el clima. 

Sin embargo, la confianza en los estados financieros de la empresa comenzó a derrumbarse junto con el valor de sus acciones cuando aparecieron pruebas de una serie de prácticas contables destinadas a ocultar la verdadera situación, y la colusión del despacho contable encargado de auditar esos números. 

Las lecciones aprendidas acerca de la importancia de auditar la información se ven reflejadas en la Ley del Mercado de Valores, que obliga a cualquier emisora que pretenda cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a acreditar su salud financiera mediante una auditoría externa, realizada a su vez, con estricto apego a normas y procedimientos reconocidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Además, si una emisora en el mercado de valores no publica su informe financiero trimestral, sencillamente deja de cotizar en la Bolsa. Y claramente, la información contenida en los estados financieros debe ser suscrita por el director general y por todos los demás titulares de áreas vinculadas de la sociedad.

El fortalecimiento de las medidas de vigilancia de la información; sin embargo, todavía tiene serios pendientes en ámbitos como el registro de la “incidencia delictiva” en nuestro país.

Esta información que de manera imprecisa se denomina “incidencia delictiva” no refleja en realidad el número de delitos cometidos, sino la cifra mensual de averiguaciones previas o carpetas de investigación, iniciadas en las agencias del Ministerio Público del fuero común.

Como sea, es una información fundamental para dimensionar qué delitos y en cuántas ocasiones llegaron a los despachos de quienes están facultados para procurar la justicia en el ámbito local.

Esta información es reportada por cada procuraduría al secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación encargado de integrar la información y publicarla periódicamente.

Además de comunicar a la opinión pública la evolución de los fenómenos delictivos, las estadísticas publicadas por el secretariado forman parte de los criterios para la asignación de recursos federales en apoyo a la seguridad pública en las entidades federativas.

Tan sólo en 2013, la Hacienda federal destinó más de siete mil 630 millones de pesos al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal (FASP) y casi cuatro mil 600 millones para el SUBSEMUN, que es un apoyo de recursos federales para los municipios y delegaciones del DF en materia de seguridad pública.

A diferencia de lo que sucede en el ámbito bursátil, los mecanismos para auditar la integración de las estadísticas que sirven para la distribución de estos recursos son escasos o desconocidos.

En contraste con el rigor que aplica a la publicación de los estados financieros de las emisoras en la Bolsa, propiamente nadie se hace responsable de la estadística mensual de delitos, la cual siempre se encuentran en constante revisión.

La metodología con la que se integran los datos en cada estado es desconocida y la institución encargada de publicar la información no tiene suficientes atributos para auditarla.

Estos elementos hacen necesario que se establezca un mecanismo transparente para auditar información tan relevante, pero también es fundamental que el proceso para operarlo, sea a su vez, transparente y en consecuencia, confiable.