Consultas populares

Desde que fue aprobada la reforma constitucional en materia energética y, posteriormente, sus leyes secundarias, el Partido de la Revolución Democrática y Morena se dedicaron a propalar una mentira: Decían que la consulta popular que se realizaría en las elecciones del año próximo revertiría lo aprobado por el Congreso de la Unión.

Andrés Manuel López Obrador tuvo el descaro de enviar cartas a empresas petroleras en las cuales, según él, les advertía que no invirtieran en México porque la Reforma Energética sería revertida por voluntad popular.

Seguramente recuerda los monótonos y ridículos mensajes, pagados con recursos del erario, en los cuales el supuesto “frente en defensa del petróleo” afirmaba que la gente se debía sumar a la consulta popular para revertir el saqueo de México y quién sabe cuántas tonterías más.

Los seguidores de AMLO, que son tan lerdos como crédulos (se creen que no conocía a José Luis Abarca y que se toma fotos con todos), estaban convencidos de que en las elecciones de 2015 lograrían cambiar lo aprobado en la Constitución.

Si hace un poco de memoria recordará que en esta columna, en por lo menos dos o tres ocasiones, le hicimos algunas advertencias para que no se tragara esos cuentos.

Primero. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría que pronunciarse sobre la constitucionalidad y procedencia de estas consultas.

Segundo. En caso de que la SCJN estuviera de acuerdo tendrían que ganar en las urnas. En la ingenuidad de los populistas creían que ellos piensan como “todos” los mexicanos puesto que su causa es justa... Y si no, pues entonces habrá que aguantar la ira del pueblo bueno. Sí, esos que supuestamente indignados por la desaparición de 43 jóvenes se han dedico al robo, saqueo y vandalismo en el Distrito Federal, Oaxaca, Michoacán y señaladamente en Guerrero.

Pues bueno. No se llegó al momento de la consulta por que, como anticipamos en esta columna, la SCJN declaró que las intenciones del PRD y del Morena iban con contra de los principios de la Constitución que tienen que ver con los ingresos y egresos del Estado.

Ahora, habrá que esperar la indignación de AMLO. Seguramente habrá marchas, concentraciones y plantones en los cuales hay un grave riesgo de actos violentos por parte de grupos embozados.

El PRD, encabezado por Carlos Navarrete, ya nos regaló su primer mitin en el cual amenazó con ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para revertir la decisión de la SCJN. Es curioso cómo las izquierdas, que tradicionalmente odian la intervención de entidades supranacionales, cuando no tienen lo que quieren corren a pedirles ayuda.

Corrección

La SCJN también determinó el miércoles que tampoco era constitucional la intención del Partido de Acción Nacional de aumentar el salario mínimo por un acto de voluntarismo político. El argumento de la Corte, que los panistas consideran como criterio político, es que tiene que ver con los ingresos y egresos del Estado, es decir, está en los supuestos constitucionales.

El PAN dice que acatará la decisión, pero que no están de acuerdo. Sus reacciones son bastante exóticas. Algunos como José Isabel Trejo advierten que modificarán las leyes que regulan las consultas populares.

Recordaron que el salario mínimo no es digno y todos los lugares comunes que ha repetido Gustavo Madero desde que trató de subirse al barco de Miguel Ángel Mancera y su gobierno, que a pesar de las críticas que pudieran hacerse, en los detalles están a años luz. El gobierno capitalino ha ofrecido un debate serio e informado. Los seguidores de Madero un ridículo acto de populismo electorero.

Todos sabemos que el salario mínimo fijado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ha perdido más de 70% de su poder de compra durante las últimas tres décadas. Que es necesario tomar acciones, pero es un camino equivocado vincularlas con los procesos electorales.

Lo que ha complicado y dañado el proceso para aumentar el salario mínimo son los ridículos cálculos políticos que hacen individuos como Madero, Trejo y algunos otros panistas. El camino es muy sencillo desde el punto de vista técnico.

Primero. Se debe dejar de hablar de la necesidad de desvincular al salario mínimo de su carácter de unidad de cuenta y hacerlo. Los partidos dicen que tienen iniciativas, pero ninguno las ha movido, puesto que les gusta más estar en el rollo político.

Segundo. Simultáneamente crear un indicador técnicamente viable a través de Banco de México y/o el INEGI. Lo planteado por el jefe de Gobierno de la capital del país es incompleto, puesto que depende de la estimación del crecimiento de la inflación, la cual ya se conoce. Se debe crear un criterio técnico muchísimo más sólido.

Una vez cumplidos estos dos objetivos se debe caminar por la vía de aumentar la productividad y competitividad del país. Los aumentos salariales, no sólo del mínimo, deben darse para todos con base en criterios técnicos y no en ocurrencias de los partidos políticos.

Los partidos políticos deben reconocer que trataron de usar la consulta popular para tratar de ganar en la calle lo que no han podido en las urnas. Se trata, salvo en el caso del PRI, de luchas políticas y no de algo que verdaderamente le interese a la población.

Datos duros

Ayer le informamos en esta columna que los signos positivos del sector de la construcción hacían que el titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, estimara no sólo un fuerte ritmo de crecimiento en este cierre de año sino también un fuerte impulso a partir del año próximo en algunas entidades con la entrada en vigor de la Reforma Energética que impulsará el desarrollo del Estado.

Una muestra de la buena tendencia del sector es el dato que el Infonavit, encabezado por Alejandro Murat, ha tenido con un crecimiento de 3.8% en los créditos que otorga este organismo y con una derrama económica de 295 mil millones de pesos.

Quizá otro dato muy relevante es que el inventario de vivienda terminada ha crecido en 30% y la que está en proceso en 15%, es decir, la oferta ya se recuperó y está tomando un ritmo correcto. Tan sólo en agosto se inscribieron 30 mil viviendas en el Registro Único de Vivienda.