Iberia sí, pero no

La semana pasada le comentamos en este espacio sobre algunas medidas que está tomando Iberia, al mando de Luis Gallego, en pro de reducir sus costos, donde una de las medidas es el ajuste de personal, lo cual, en ningún momento dijimos que estaba mal, lo que destacamos son las irregularidades que en dicho proceso se cometen, y ahora vamos a ampliar el tema.

Y es que a decir de Ángel Valdemoros, gerente de ventas para América del Norte de la aerolínea, como parte de una reestructuración económica para volver a la rentabilidad, han cambiado el modelo comercial en toda la red internacional, incluido México.

Agrupando en un único centro las tareas de call center, help desk y grupos para dar servicio a todos los países de América Latina, y todo el proceso, dice, se ha realizado conforme a la legalidad mexicana vigente.

Sin embargo, es una realidad que la Empresa Iberia Lineas Aéreas de España, Sociedad Anónima Operadora y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares, han celebrado un convenio apócrifo mediante el cual manifiestan el cierre del departamento de Reservaciones/Boletos, por la reestructuración que dice estar realizando, sin embargo de los diez empleados que prestan servicios en dicha oficina, solamente pretenden aplicar la liquidación a cuatro de ellos: Lizette Del Carmen Álvarez Carrillo, María Del Amparo Ramírez Flor, María Sara Navarro Hernández y Claudia Rivera Villagran.

Dicho personal constituye el de mayor antigüedad y al resto lo han conservado en las oficinas aparentemente cerradas, reubicando a algunos en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Ante esta actitud, de acuerdo con el abogado laboral, Hugo Italo, a quien consultamos sobre el tema, asegura que “viola los más sagrados derechos de los trabajadores, ya que la reducción de personal debe llevarse a cabo previa demanda que se tramite ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y no con un simple convenio entre empresa y sindicato en el cual omiten señalar al personal afectado”.

Situación que con un desenfado inconcebible lo han ratificado en la Secretaría de Asuntos Colectivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pasando por alto en dicho convenio el nombre de las personas que presuntivamente serían afectadas (diez personas), cuando en realidad solamente son cuatro.

Luego entonces, en los futuros acuerdos ilegales entre empresa y sindicato pueden reducir trabajos o cerrar empresas sin cumplir las disposiciones mínimas que marca la Ley del Trabajo, es decir llevar a cabo un proceso laboral dando a las partes individualmente afectadas el derecho de defensa, para conocer los alcances del acuerdo, y 38 años de servicios se envían a la basura por una connivencia entre las partes.

En fin, lo malo no es que se hagan ajustes, cada empresa maneja la estrategia que mejor le convenga de acuerdo con sus intereses, aquí el pero es que se debería de llevar conforme a reglamentos propios.