El Poder Judicial y la seguridad de las inversiones

El rol del Poder Judicial en el desarrollo de las regulaciones en general, ha venido creciendo en los últimos años y la regulación de los negocios no es la excepción. Hace unos días se hizo público un proyecto de resolución que puede convertirse en un criterio obligatorio para todos los jueces. Ese proyecto sostiene que cuando una empresa en México compra mercancía a una empresa en el extranjero mediante operaciones virtuales autorizadas por las Reglas Generales de Comercio Exterior, la empresa que compra tiene dos obligaciones: la de pagar el IVA a la importación y la de retener el IVA de la compraventa de la misma mercancía.

El problema de las dos obligaciones viene de un contexto muy específico. Durante mucho tiempo, la industria maquiladora del país importaba bienes temporalmente para fabricar otros. Una vez terminados los bienes, los tenía que exportar (ésa era y sigue siendo la regla general bajo ciertas circunstancias). Como parte de esos bienes terminaría comercializándose en territorio nacional, se introdujo una regla de comercio exterior que autorizaba la exportación e importación virtuales de mercancía. Así, las empresas maquiladoras no tenían que transportar la mercancía, cruzar la frontera y luego volver a ingresar. Se generó una ficción legal que simplificaba la operación. Hasta ahí todo suena bien.

El problema comienza con que, a esas operaciones virtuales, se le agregó una Regla General de Comercio Exterior que obliga al comprador de la mercancía exportada y retornada virtualmente, a retener el IVA al vendedor, además de pagar el IVA a la importación. ¿Adivinen qué impacto tiene un IVA adicional en el precio de los productos? Sí, suben de precio. Si usted fuera comerciante, ¿le gustaría pagar dos montos (en vez de uno, como todos) correspondientes a IVA de las materias primas que utiliza? Yo creo que no.

Pero no sólo los consumidores resultan afectados, sino que también se imponen unas cargas fiscales y administrativas extras a operaciones que son el resultado del esfuerzo de muchos años para hacer de México un país atractivo para la industria maquiladora y que ahora podría aprovecharse para el nearshoring que está tan de moda. Si queremos precios justos, un mercado competitivo, un país atractivo a las inversiones y sumar a la generación de empleos, no podemos tener normas contrarias a esos propósitos.

Mire, este agosto, el Pleno Regional en Materia Administrativa en la Región Centro-Norte, que integran los magistrados Paulín, Campuzano y González Tirado puede dar un golpe de timón y mandar un mensaje claro de certeza y seguridad jurídica para los inversionistas: cuando una norma viola derechos, el Poder Judicial está para garantizarlos. El mensaje es que las empresas compradoras paguen un IVA, como todos, el de la importación. Las grandes empresas deben pagar sus impuestos, pero conforme a la ley, no a las ocurrencias del momento (de hace 10 años).

Para rematar, el tema es tan relevante que también ha generado sendas iniciativas presentadas por distintos partidos en el Congreso de la Unión, justo para acabar con la incongruencia normativa generada hace 10 años.