En riesgo de insolvencia, 50 aseguradoras en México

Más de 49, de 110 compañías de seguros que operan en México, caerán en insolvencia regulatoria por el cambio de interpretación que ha ordenado el SAT desde 2018 sobre el neteo entre el cobro y devolución del IVA en pólizas de riesgos (gastos médicos y automotriz las más afectadas). Le comento que, ante el potencial de la crisis financiera, la delegación de la Unión Europea en México envió el 4 de septiembre a las secretarías de Economía y Relaciones Exteriores una misiva en la que se advierte del peligro de insolvencia de las aseguradoras europeas de aplicarse el criterio, acompañada de dos certificaciones profesionales que acreditan que existe el riesgo.

El problema de esa interpretación y la actualización de saldos y recargo que conlleva,supone que esas aseguradoras perderían 175 mil 876 millones de pesos, mientras que las reservas de capital que tiene el conjunto de compañías para enfrentar dichas pérdidas asciende a 96 mil millones de pesos, un impacto no previsto en ningún modelo de insolvencia que haya sido planteado en la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros.

Si considera que las aseguradoras son tenedoras de deuda gubernamental por 605 mil millones de pesos, y suponiendo que la prioridad en el pago fiscal ante el riesgo de cierre de operaciones por insolvencia, el problema financiero ocasionado por el cambio de criterio fiscal sería, como dicen los aseguradores, catastrófico para el cierre de la administración de López Obrador y, para quien le suceda en la Presidencia de la República.

Según la misiva, del conjunto de compañías analizadas, 49 caerían en la insolvencia y ellas representan 65% de las primas emitidas en México, lo que supone un efecto dominó de proporción no estimada en el cambio de criterio sobre el traslado del IVA en siniestros realizado por el SAT en 2019, cuando se inicia la auditoría a las prácticas de registro del sector.  Antes de la determinación del SAT, la práctica era que las aseguradoras acreditaban el IVA pagado en reparación de daños (especialmente seguros médicos y pólizas automotrices), contra el IVA cobrado por las primas de ese tipo de seguros.

El asunto es grave y, aunque cada aseguradora de las 110 que integran al sector han realizado una estimación de pérdidas, por afectar colectivamente el cambio, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) le pidió al Colegio Nacional de Actuarios que realizara una evaluación puntual de los efectos. El pasado 31 de agosto, Lorena González Franyutti, presidenta del Colegio Nacional de Actuarios, le envió los resultados del análisis que encomendó a un equipo de actuarios de mucho prestigio y especializados en determinación de niveles de solvencia y capital para las aseguradoras, encabezado por el actuario Pedro Aguilar Beltrán, donde se corrobora la misiva de la EU a las secretarias. El SAT ha realizado un trabajo profundo de revisión de las prácticas fiscales y el cambio en criterios, por tener efectos sobre el capital y solvencia, retroactivos y futuros desde el momento en que termina y muestra los hallazgos de su auditoría, propició que el tema se encuentre en litigio fiscal, pero por sus posibles implicaciones sistémicas, en la mesa de las principales autoridades de supervisión de seguros de EU, Europa y Colombia.

El asunto, en manos de la Secretaría de Hacienda, ha sido también cuestionado por la National Association of Insurance Commissioners (NAIC) y podría ser tratado de manera informal durante la reunión que mantendrán esta semana, Raquel Buenrostro, secretaria de Energía y Jayme White, subjefe de Negociaciones Comerciales de la USTR, en el marco del Diálogo México-Estados Unidos que se efectúa esta semana en México para potenciar la participación de pequeñas empresas en las cadenas de suministro entre ambos países.

Según el Colegio de Actuarios, el impacto de la decisión sería equivalente a 1.0% del PIB o 156 mil millones de pesos, sólo considerando la resta de reservas, pero por liquidación acelerada de valores gubernamentales para obtener liquidez, podría superar los 200 mil millones de pesos. ¡Catastrófico! Diría que éste es un tema central para la mesa económica del Palacio Nacional, ¿no cree usted?