Frankenstein lechero

De manera intempestiva y casi en lo oscurito, el líder del barzón, diputado Maximiano Barboza Llamas, quiere aprovechar las fechas de Halloween para dar un albazo legislativo y presentar una iniciativa que ha sido considerada un auténtico Frankenstein.

Sólo para dar una muestra del alcance de los absurdos que contiene su propuesta de Ley Federal de la Leche, menciono tres: 1) contraviene el artículo 26 constitucional, al imponer programas de fomento y desarrollo de la agroindustria de leche desde la ley y saltarse la facultad del Ejecutivo federal para establecer ese tipo de programas; 2) contraviene el T-MEC porque impondría obstáculos comerciales y, por si fuera poco, 3) vulneraría la estrategia de compra y comercialización de Liconsa, porque afecta negativamente la operación del Programa de Abasto Social de Leche y podría dañar de manera directa a 5.8 millones de mexicanos.

Un cuarto es que sería contrario a lo establecido en la NOM 190 de la Sader, que se revisó con las 35 asociaciones ganaderas lecheras y, entre ellas, las representantes de las cuencas lecheras más importantes del país, como las representantes de Durango, Coahuila, Jalisco (de donde es Barboza) y Veracruz.

Por estas razones, este proyecto de ley ha sido rechazado en dos ocasiones por todas las instancias posibles, pero no sede en su absurdo tratando de revivir muertos y presentarlo como una iniciativa de la 4T.

Están en contra los organismos de la cadena productiva de la leche: Comisión Ejecutiva Bovinos Leche, CNA, CNOG, AMLAC, Femeleche, Canilec, Conafab, Holstein de México y Federación Internacional de Lechería Capítulo Mexicano.

También se han pronunciado en contra diversos funcionarios de la Sader (que incluye el posicionamiento de Liconsa), Economía y Hacienda y Crédito Público, al expresarse en sentido negativo a la iniciativa de ley de Barboza; sin embargo, el diputado no ha entendido que su papel como representante popular es escuchar a la gente y no en imponer un criterio personal.

De fondos a fondo

#SLP/FP... Ojalá se replicara en todos los gobiernos que encabeza Morena como un proceso para mejorar la calidad de la gestión de servicios públicos, la firma del convenio realizada entre Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, y Roberto Salcedo, titular de la Función Pública.

Las firma se realiza en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, permitirá que la entidad ponga en marcha un adecuado sistema de información programática del gasto y, en enlace con la Contraloría estatal, pueda vigilar y auditar, al mismo tiempo, la ejecución de recursos públicos federales y estatales en programas, proyectos y obras asignadas a la entidad, lo que pasa por un sistema de contratación electrónica, digitalizado, ligado a la Tesorería estatal para su pago en tiempo y, en todo momento, indicando quién es el responsable o los responsables de la orden de pago.

#Expropiación... A eso suena la propuesta que puso el presidente López Obrador sobre la mesa a Vulcan Materials, que lleva Tom Hill. Lo cierto es que, a casi dos años de que estallara el conflicto entre el gobierno y la compañía estadunidense, no se ha resuelto, pese al número de negociadores que han intervenido.

La empresa está cerrada desde mayo de 2022 y dentro se conserva el material de piedra caliza que no logró salir en barco para entregar a clientes en el sur de Estados Unidos.

La tentación presidencial de convertir las dos mil hectáreas en una reserva natural protegida mediante un decreto e “indemnizar” a Vulcan con 6,500 millones de pesos, según el avalúo del Indabin, no considera el valor del negocio, las reservas y las inversiones que hizo la empresa en los últimos 35 años.

En el tribunal internacional en materia de inversión extranjera persiste un arbitraje en contra de México por más de 1,500 millones de dólares, que nada tiene que ver con la oferta de López Obrador. De ahí que Vulcan solicitó el apoyo de los embajadores de México y Estados Unidos y del propio presidente Biden.