Por qué no podemos perder la lucha contra el huachicol

Hay una discusión de fondo en el problema del huachicol: el equilibrio fiscal del Estado. Por supuesto que recuperar el combustible robado por el crimen organizado a Pemex es un asunto de seguridad nacional, una causa penal que implica la viabilidad misma del Estado mexicano; el suministro de la savia que mueve al consumidor y a los productores en la economía. Todo eso, pero también la noción de que el monopolio de la recaudación de impuestos sólo puede recaer en el Estado.

En México, Pemex es –hasta el momento– el único proveedor del combustible, incluso a pesar de la Reforma Energética, pero tras la venta de cada litro de gasolina hay una serie de ingresos e impuestos que son la fuente de financiamiento de tres instancias de gobierno cruciales para el funcionamiento de la economía y la sociedad mexicanas: Pemex mismo, el gobierno federal, los estados y municipios del país.

La carga de impuestos a la gasolina en México es cerca del 30 por ciento. Este nivel no es muy distinto de los niveles prevalecientes en otros países, así que la discusión política alrededor de este tema es falsa: los impuestos a la gasolina mexicanos no son un factor que merme la competitividad de la industria y la economía mexicanas. Los impuestos a los combustibles son muy eficientes y progresivos, y sirven para financiar las externalidades provocadas por los mismos.

En México, los ingresos provenientes de cada litro de gasolina se van a: financiar la operación y la inversión de Pemex; a financiar las cuentas del gobierno federal; una parte muy importante a financiar los estados y los municipios; y a financiar las estrategias contra el cambio climático.

Cada litro de gasolina robado por el huachicol y vendido en las gasolineras y comprado por los consumidores tiene un impacto fiscal y ambiental muy importante. La gasolina se vende y se quema en su consumo, produciendo gases de efecto invernadero en la atmósfera, pero el gobierno no está recaudando los doce centavos por cada litro que deben de financiar las mitigaciones ambientales para combatir el efecto invernadero producido por ese litro comprado de manera ilegal.

Por cada litro de gasolina de huachicol que se vende por fuera del sistema, los estados del país dejan de percibir 41 centavos que son necesarios para, entre otras cosas, dar mantenimiento a la carpeta asfáltica sobre la cual circulan los vehículos consumidores de ese litro de la gasolina, para financiar la seguridad necesaria para cuidar los ductos de combustible y la seguridad de los ciudadanos, para fondear el alumbrado público y el drenaje de las ciudades en las que vivimos.

Existen también impuestos para el gobierno federal, además de que el resto de los ingresos sirve para que Pemex financie su operación diaria y su inversión a largo plazo.

El hurto de un litro de gasolina tiene entonces un efecto fiscal cuantioso y complejo. No únicamente pierde Pemex, sino que hasta los estados y los municipios dejan de percibir ingresos cruciales para su funcionamiento e inversión.

Los politólogos suelen decir que el Estado tiene el monopolio de la violencia. Esto significa que sólo el Estado tiene derecho a contar con cuerpos armados y ejercer la acción de la seguridad. Es por ello que un Estado moderno no puede tolerar el desafío de instancias armadas internas que se le opongan: la violencia del crimen organizado es una erosión directa y ofensiva en contra de la viabilidad de un estado moderno. Si una organización ejerce la violencia en el territorio aparte del Estado, es en menoscabo y en contra de la viabilidad del mismo.

Lo mismo ocurre con los impuestos. Detrás del origen del Estado moderno está el monopolio de la recaudación del impuesto. Sólo el Estado, a través de sus distintos niveles, debe de tener la facultad y capacidad de recaudar tributos. Pocos actos tan lesivos para la viabilidad de un Estado como el “derecho de piso”, que un tercero suplante las obligaciones fiscales del mismo.

También esto es lo que está en juego en esta lucha contra el huachicol. Ésta es una lucha límite que no puede no ser ganada. Se juega la viabilidad del Estado mismo: no únicamente en términos de seguridad y territorial, sino también, y de manera muy importante, su viabilidad y respeto fiscal.