Fonatur, una liquidación muy peculiar

De no ser la institución responsable de darle mantenimiento y atender temas cruciales en la mayoría de los principales destinos turísticos, como el aprovisionamiento de agua potable en Los Cabos, la historia parecería una comedia de enredos.

Al interior de la institución está claro que el presidente López Obrador quiere “desmenuzar” el fondo, dándole las responsabilidades de los servicios de los CIP a los municipios, algunos activos a los gobiernos estatales y las reservas territoriales a la Secretaría del Medio Ambiente para que las vuelva Áreas Naturales Protegidas, etcétera.

En ese camino empresarios, comerciantes y ejidatarios están interponiendo amparos contra la decisión, argumentando que se está afectando el valor de sus inversiones, porque se cancelarán los planes de desarrollo en que estaban soportadas.

Mientras que los ejidatarios aseguran que, en el pasado, les expropiaron sus tierras para impulsar el desarrollo del turismo, lo que no se está cumpliendo al convertirlas en espacios intocables.

Además, hay decenas de demandas abiertas contra o promovidas por la institución sobre diversos asuntos acumulados a lo largo de décadas y, por si fuera poco, hay que liquidar a más de 800 trabajadores que colaboran allí.

En todos estos procesos estará involucrada la Dirección Jurídica, que tendrá que atender los amparos, las demandas, los previsibles juicios laborales y, en este contexto, no se explica el poco cuidado que se ha puesto en la misma.

May llegó con Rosendo Gómez Piedra como abogado, quien, después, se fue a atender ese “nudo gordiano” que se llama el Caso Ayotzinapa.

Su lugar lo ocupó el abogado tabasqueño José María Castillo Madrigal, quien, por el papel estratégico que hoy tiene la Dirección Jurídica, pensaba que, por lo menos, terminaría esta administración tratando de liquidar el Fonatur.

Una decisión que abonará para que, cada día que pase, sea más difícil que le den “sagrada sepultura” al Fonatur en este sexenio.

El otro detalle es que la institución tiene que hacerse de recursos para las jubilaciones, generándolos internamente con sus propios activos.

Uno de esos litigios abiertos es el del Hotel Qualton, del CIP de Ixtapa, propiedad de Bernardo Domínguez, con una participación del Fonatur.

Un hotel de 154 habitaciones, en un terreno de siete hectáreas frente a la isla de Ixtapa. Pero como del plato a la boca se cae la sopa, el acuerdo logrado con el accionista principal ya se rompió y ahora, para cobrarlo, habrá que recurrir, claro, a la vía legal.

Este caótico panorama es lo que menos le importa al señor May, quien está muy ocupado tratando de entregar para diciembre una versión decente sobre el Tren Maya y tratar de culpar a otros de lo que no podrá concluir.

Quizás haya habido otras etapas del Fonatur en donde hubo más corrupción, pero, indudablemente, ésta romperá todos los récords habidos y por haber de falta de planeación e incompetencia.