Es la reforma más significativa al sistema de salud; su fin, proporcionar mayor cobertura a 45 millones de personas que no contaban con seguro.
Ya se han dado pasos para estudiar a detalle las alternativas para la red y otras políticas incorporadas en la reforma a las telecomunicaciones.
- Aunque existe el ordenamiento constitucional y ya se instaló el IFT, no hay una ley secundaria que respalde las determinaciones del mismo
- En las últimas semanas nos hemos enterado de las más recientes develaciones de información clasificada por parte de Edward Snowden.
- El país ha mantenido su soberanía energética a través de un marco legal que evita la inversión privada en la exploración y producción de crudo.
Las industrias de la electrónica y de telecomunicaciones basan la mayor parte de sus ventas en este principio, que lleva a sustituir sus productos.
México es ahora diferente: es parte de la comunidad internacional, ligado a la economía mundial, donde la energía juega una parte importante.
Por eso es necesario que con las reformas venga también un mejor reparto de las responsabilidades y obligaciones de cada sector.
En México hay que añadir al debate la influencia en los procesos políticos y en la opinión pública tanto de los nuevos como de los ya consolidados.
México surte alrededor de 10% de todo el petróleo que consume Estados Unidos, lo que es una oportunidad gigante; pero su eficiencia es muy baja.
En México es necesario tener un mejor periodismo de investigación y artículos de fondo de la mano con estas nuevas plataformas.
Nokia y BlackBerry, que algún día dominaron el mercado, debieron tomar medidas radicales ante sus bajas ventas, pero la medicina llegó muy tarde.
De ser pionera con su sistema operativo Microsoft se volvió un gigante burocrático cuyos pasos apenas podían con la velocidad de la industria.
Aunque la reforma constitucional dispuso de filtros importantes llevados a cabo por el Comité Técnico, el Senado tiene la palabra final en el proceso.
En México, 76% de los usuarios de internet tienen menos de 35 años, lo que implica un reto y una oportunidad para empresas y gobiernos.
Ha sido cuestionado el proceso para elegir a los integrantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica.
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