Crisis recurrentes en lugar de reactivación

Alguna vez le preguntaron Ernesto Zedillo qué es lo que le faltaba a México para despegar hacia una mejor condición de desarrollo, y su respuesta fue bien clara: “consolidar el Estado de derecho, una mejor aplicación de la ley, reglas más firmes, instituciones más sólidas”. Zedillo había llegado a ser Presidente de la República para enfrentar una pavorosa crisis económica. Lo hizo con enorme habilidad y terminó su sexenio con una economía en crecimiento, baja inflación y como uno de los mejores presidentes del México moderno.

Para enfrentar la crisis económica de diciembre de 1994 Zedillo utilizó, por ejemplo, la reciente autonomía de Banxico, que había entrado en vigor en abril de 1994, y creó el mecanismo de flotación del peso frente al dólar como una herramienta de ajuste a la crisis económica.

Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Preña Nieto se crearon, o transformaron para darles mayor poder, instituciones autónomas esencialmente encargadas de tareas de regulación fuera del ámbito del poder ejecutivo.

Ahí podemos enumerar el otorgamiento de la independencia del Banco de México, la creación de la Cofece, el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía, la creación del Instituto Federal de Competencia o el fortalecimiento e independencia del INE.

Junto con ello se presentó el avance en el establecimiento de reglas claras para el desarrollo de empresas en áreas sensibles, como la energía, el sector farmacéutico y las energías renovables.

Todo ese entramado, el cual ha sido la base para que México deje atrás las crisis económicas recurrentes y que permitió cumplir un cuarto de siglo sin ellas, es el que este gobierno de la 4T ha venido destruyendo.

Primero, se reemplazaron las reglas para invertir por ocurrencias presidenciales y nació una nueva institución, la del voto a mano alzada para aprobar las inversiones; luego, se bajó el presupuesto a las instituciones autónomas para restarles capacidad de operación y, en casos como la Comisión Reguladora de Energía, se empujó a la renuncia del comisionado presidente y se le persiguió judicialmente. El siguiente paso fue el cambio de reglas para los constructores de gasoductos y para los productores de energía limpia, hasta llegar a la cuasi destrucción de la reforma energética del sexenio pasado.

El más reciente paso fue la salida de Alfonso Romo como jefe de la Oficina de Presidencia, quien trató de oponerse a muchos de esos golpes hasta que se convirtió en una figura decorativa que no sirvió para nada, ni para el gobierno ni para los empresarios.

Hoy por hoy, el problema de México no son sólo las consecuencias económicas de la pandemia, sino también la destrucción sistemática de todo un entramado que se había creado a lo largo de los últimos 30 años para mejorar la regulación, perfeccionar las reglas de operación de sectores específicos y aumentar la competitividad del país en la atracción y fomento de la inversión privada. Con la excusa de acabar con la corrupción, que sin duda había, se cambiaron reglas, se destruyeron reformas completas y casi se aniquiló a reguladores independientes.

El resultado real ha sido que la corrupción no sólo no se acabó, sino que está más fuerte y activa que nunca y, además, que se debilitaron o destruyeron las fuentes de crecimiento.

La recuperación en este clima es casi imposible. Es más probable que hayamos regresado a las épocas de las crisis recurrentes.

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