Obstaculizar a la IP ya es política de Estado

Este gobierno está construyendo una verdadera política de Estado en contra de las empresas y las inversiones privadas con objeto de que, como sucedía en la década de los 70, sea el sector público quien tome el protagonismo en los sectores estratégicos de la economía.

A pesar de que apenas la semana pasada el Primer Mandatario dijo que la inversión privada representa 70 por ciento del total de la inversión en México y de que anunciara proyectos de infraestructura financiados por el sector privado, las acciones del gobierno desmienten las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las principales organizaciones de la iniciativa privada denunciaron esta misma semana que la Secretaría de Economía, a  cargo de Graciela Márquez, está exigiendo a los importadores demostrar que las mercancías que traen de fuera cumplen con la Norma Oficial Mexicana.

Esto equivale a exigir permisos de importación como se hacía en los tiempos en los que México suscribía sus tratados comerciales.

Los obstáculos son especialmente importantes en el sector energético.

Al menos 44 proyectos, programados para operar de manera comercial entre 2020 y 2021 y en los que se invirtieron seis mil millones de dólares, están detenidos luego de que el Centro Nacional de Control de la Energía (Cenace) diera a conocer que se suspenden de manera indefinida las pruebas críticas para nuevos proyectos de energías renovables.

Todos los obstáculos que se han puesto en este gobierno para que la inversión privada no participe en el sector energético tienen como propósito que la Comisión Federal de Electricidad opere sin competencia alguna y regrese a ser la paraestatal monopólica de los años 70.

Si a esto se suma la cancelación de las rondas para que el sector privado participe en la exploración y explotación petrolera, es claro que lo que este gobierno pretende en realidad es asesinar a la reforma energética aprobada el sexenio pasado.

La insistencia del Presidente de la República para someter proyectos de inversión a votaciones populares a mano alzada, como ya se hizo con Constellation Brands, en Baja California, y la planta de amoniaco, en Topolobampo, Sinaloa, refuerza la política de Estado de este gobierno para obstaculizar la operación y las inversiones del sector privado.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que, aunque la inversión aumentó 4.4 por ciento en julio de este año respecto al mes anterior, en el último año sigue con una caída en términos reales de 21.2 por ciento.

En la última Junta de Gobierno del Banco de México se dijo claramente que mientras en la mayoría de las economías, específicamente la de Estados Unidos y la Zona Euro, se observa una recuperación, en el caso de la economía mexicana los miembros de la Junta de Gobierno del banco central prevén una recuperación “difícil y prolongada sujeta a incertidumbre”.

Insistir en que no habrá apoyo a las empresas, obstaculizar al sector privado y ahuyentar las inversiones no es precisamente el mejor camino para que la economía mexicana salga de la crisis que detonó este gobierno y que luego se profundizó con la pandemia.

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